viernes, 21 de agosto de 2015

El gobierno de Benidorm se ve obligado a no contratar al exarquitecto de Teulada

Finalmente, la contratación de la empresa Laboratorio de Arquitectura y Territorio SLP, cuyo representante es el exarquitecto que fue despedido en Teulada, Julio Turmo, no se llevará a cabo. El gobierno local de Benidorm ha decidido rectificar, pero no desistir de encargarle a una empresa externa la valoración y tasación de sus bienes de cara a una futura enajenación de los mismos, incluida la Estación de Autobuses, pendiente de licitación.

La totalidad de la oposición votó en contra y puso el grito en el cielo tras pasar la contratación de Turmo por la comisión informativa de Hacienda del pasado lunes, a pesar de que el bipartito que formaron el PSPV y Liberales hizo lo mismo y contrató a Fernando Modrego, arquitecto municipal en Polop y reconocido zaplanista, por el mismo importe, el máximo que permite la legislación para un contrato menor, 18.000 euros más IVA.

En aquel caso se trataba de elaborar los informes pendientes del PGOU tras la aprobación definitiva de su Declaración de Impacto Ambiental y en esta ocasión la contratación obedecía a la necesidad de valorar los bienes patrimoniales del Ayuntamiento. En ninguno de los dos casos, el departamento municipal de Arquitectura asumió la carga de trabajo que ello supone, sin que nadie entienda muy bien cuál es la razón de que los técnicos municipales de un área donde trabajan dos arquitectos, tres arquitectos técnicos y dos delineantes sean capaces de asumirla.

Sin embargo, que el gobierno local haya renunciado a esta contratación no significa que haya desistido de la tarea que se ha propuesto. La alternativa pasa por la convocatoria de un concurso abierto a cualquier oferta, aunque el límite fuera de 18.000 euros, que permita la libre concurrencia, una licitación que además de las decenas de propiedades dispersas por todo el municipio de titularidad municipal, entre las que existen hasta garajes que nadie sabe quién utiliza, incluirá la tasación de la Estación de Autobuses, cuya adjudicación a Enrique Ortiz anuló el Tribunal Supremo. 

La única valoración de la obra de la estación en manos del Ayuntamiento es la que realizó el arquitecto municipal, que la tasó en 35,4 millones de euros, pero el proceso para cumplir con la sentencia y volver a adjudicarla, se paralizó porque el departamento de Intervención no estimaba justificada esa cantidadcomo importe base de licitación, si bien a ese dinero se le deberían restar los ocho millones en que se calcula la amortización del tiempo que lleva funcionando (ocho años de los 50 de la concesión). Con una nueva valoración en la mano, el proceso para volver a adjudicársela a otra empresa, o al mismo Enrique Ortiz si no hay ofertas, sobre el que los departamentos de Intervención, Contratación y Urbanismo no consiguieron ponerse de acuerdo el pasado mes de abril, quedaría un poco más despejado.

En todo caso, con miles de metros de zona comercial y dos plantas de hotel construidos de más, que serán legalizados con la simple presentación por parte de la UTE que explota la estación de los correspondientes proyectos, pero por cuyas infracciones no han llegado ni siquiera a ser sancionados económicamente, Ortiz podría debería seguir con la explotación del complejo tras abonar el canon anual que nunca ha pagado por su explotación, aunque ahora solo se le puedan reclamar ya los cuatro últimos años.




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